El próximo domingo, tenemos la oportunidad de votar por la democracia. Al margen de la respetable preferencia de cada cual entre las diversas candidaturas a alcaldes y consejales, me sumo al llamado de los demócratas a escribir en el voto, "Asamblea Constituyente", "AC" o "Nueva Constitución".
Con ello no se resta validez a la preferencia marcada, ya que la ley electoral establece explícitamente que, sólo son nulos los votos que tengan marcada más de una preferencia; no así aquellos en los que, además de la preferencia correctamente marcada, se escriba algo adicional. Consecuentemente:
-sólo se anula el voto marcando más de una preferencia
-si se marca sólo una preferencia, el voto está válidamente emitido, aunque se escriba cualquier comentario
-si no se marca ninguna preferencia, es voto en blanco, aunque tenga escrito cualquier cosa
Por ello y al margen de cómo quiera votar cada cual en la elección de alcaldes y consejales del próximo domingo -marcando una preferencia, anulando el voto mediante la marca de más de una preferencia o votando en blanco al no marcar ninguna preferencia-, reitero el llamado a votar por la democracia, agregando a cualquiera de dichas opciones la leyenda, "Asamblea Constituyente", "AC" o "Nueva Constitución".
Manifestemos clara y contundentemente nuestro rechazo a la camisa de fuerza institucional en que vivimos prisioneros, para deleite y usufructo de una extraviada clase política, que a nadie representa y que sólo profita del poder sin participación ciudadana, que le garantiza esta institucionalidad ad hoc heredada de la dictadura y que sólo representa un disfraz de democracia. Hay que rechazar esta democracia de mentira en que vivimos y poner fin al aliancertacionismo, mediante una nueva Constitución democrática que devuelva el poder al pueblo soberano, el gran olvidado de la Transición.
Sin perjuicio de que el slogan inventado por Parra hace más de 30 años -"La izquierda y la derecha unidas, jamás seran vencidas"-, haya resultado premonitorio del Cogobierno Alianza-Concertacion que se nos ha impuesto a partir de 1990 gracias al antidemocratico sistema binominal, tengo la esperanza de que los ciudadanos terminemos haciendo propio aquel otro de nuestros hermanos de allende los Andes -"¡que se vayan todos!"-, dando así lugar a una Asamblea Constituyente que ponga fin al aliancertacionismo actual y elabore una nueva Constitución, legítima en su origen y democrática en su contenido, que nos una y no que nos divida, como ocurre con la Constitución de 1980. Rafael Enrique Cárdenas Ortega.
miércoles, 22 de octubre de 2008
domingo, 25 de noviembre de 2007
Defensa del Parlamentarismo (1)
Para quienes se oponen al parlamentarismo por ir contra nuestras tradiciones republicanas y porque ya habría fracasado en su aplicación, algunas aclaraciones:
En Chile, jamás ha existido propiamente un régimen parlamentario. Aquel que imperó después de la derrota de Balmaceda, correspondió más bien a un régimen de asamblea, que no contemplaba los instrumentos básicos y fundamentales del voto de censura y el voto de confianza. Estos son los que permiten la fiscalización del Gobierno por el Parlamento, así como el aseguramiento del necesario apoyo de la mayoría parlamentaria a la fuerza gobernante para su permanencia como tal. El que nuestra historiografía nacional haya denominado Período Parlamentario o República Parlamentaria a aquella etapa histórica, nada nos aporta. Como dice el aforismo, “las cosas son lo que son y no lo que se dice que son”, y la denominación de “parlamentario” para dicho período histórico, resulta tan extraviada como la calificación de “democrática” para la ex RDA.
Difícilmente podemos, entonces, dar por fracasado en nuestra experiencia histórica un sistema de gobierno al que ni siquiera le hemos dado la oportunidad de nacer.
Don Arturo Alessandri Palma, artífice de la Constitución de 1925, también se declaraba partidario del sistema parlamentario, pero sostenía que nuestro país aún no estaba preparado para su aplicación. Hay que considerar que estamos hablando de principios del siglo pasado y que el plebiscito con que se aprobó dicha Constitución fue el primer acto de soberanía popular mediante la aplicación del sufragio universal en nuestra historia republicana. Anteriormente, sólo se había utilizado el voto censitario. A estas alturas, sin embargo -en los albores del siglo XXI, a casi un siglo de distancia de tal acontecimiento y cercanos al Bicentenario de nuestra República- sospecho que don Arturo no tendría reparos y, más bien, sería un entusiasta partidario de su instauración inmediata.
Por otra parte, las tradiciones no tienen por qué inmovilizarnos ad aeternum e impedirnos la eliminación y reemplazo de instituciones de origen espurio e ilegítimo y que sólo generan división entre los chilenos, como ocurre con nuestra institucionalidad actual. Hay que tener en cuenta que nuestra tradición institucional presidencial, deriva, en gran medida, de nuestra condición de “patio trasero”. Como bien señaló don Andrés Bello, el régimen presidencial en Chile constituye una mala copia de los Estados Unidos.
Un muy buen ejemplo de la actitud que se ha de tener ante tradiciones negativas, está en la exitosa creación y puesta en funcionamiento de la reforma procesal penal, en la que se instituyó un procedimiento penal acusatorio que va contra 4 siglos de tradición inquisitiva, que no se condecía con las exigencias de un verdadero Estado de Derecho, el que tampoco se aviene con el presidencialismo extremo de la Constitución de 1980.
Agreguemos que el régimen parlamentario, cuando se ha planteado, ha recibido un apoyo transversal entre nuestras fuerzas políticas, por lo que su proposición como la forma de poner feliz término a una Transición eterna y sin destino conocido, resulta mucho más realista que concentrarnos, de tiempo en tiempo, en deshacernos del sistema minoritario binominal para adoptar un sistema electoral democrático. Tal apoyo se dio en los albores de la Transición durante el Gobierno de Patricio Aylwin, quien por sí y ante sí, “decretó” el término de aquella, acto voluntarista que se ha ido repitiendo gobierno tras gobierno, sin que nadie se lo crea, lo que llegó a su máxima expresión con la reforma constitucional de 2005, en la que el Presidente Lagos hizo suya –aunque no nuestra- la Constitución de 1980.
En cuanto a la invocación por algunos del título de Capitán General de la Época Colonial como antecedente de nuestra tradición autoritaria y presidencialista, habría que decir que el único de nuestros gobernantes que hizo uso de tal título, marcó una etapa histórica que no creo que actualmente provoque las nostalgias de nadie. Por la demás, la adopción del parlamentarismo no eliminaría la institución del Jefe de Estado radicada en el Presidente de la República, quien concitaría, por el contrario, mayores consensos y unidad en la ciudadanía que en su actual doble calidad de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, pasando a situarse, en cambio, por sobre el gobierno de turno, en manos de un Jefe de Gobierno o Primer Ministro y su Gabinete.
(1) Publicado originalmente en La Semana Jurídica, N° 320, semana 25 al 31 de diciembre de 2006.
En Chile, jamás ha existido propiamente un régimen parlamentario. Aquel que imperó después de la derrota de Balmaceda, correspondió más bien a un régimen de asamblea, que no contemplaba los instrumentos básicos y fundamentales del voto de censura y el voto de confianza. Estos son los que permiten la fiscalización del Gobierno por el Parlamento, así como el aseguramiento del necesario apoyo de la mayoría parlamentaria a la fuerza gobernante para su permanencia como tal. El que nuestra historiografía nacional haya denominado Período Parlamentario o República Parlamentaria a aquella etapa histórica, nada nos aporta. Como dice el aforismo, “las cosas son lo que son y no lo que se dice que son”, y la denominación de “parlamentario” para dicho período histórico, resulta tan extraviada como la calificación de “democrática” para la ex RDA.
Difícilmente podemos, entonces, dar por fracasado en nuestra experiencia histórica un sistema de gobierno al que ni siquiera le hemos dado la oportunidad de nacer.
Don Arturo Alessandri Palma, artífice de la Constitución de 1925, también se declaraba partidario del sistema parlamentario, pero sostenía que nuestro país aún no estaba preparado para su aplicación. Hay que considerar que estamos hablando de principios del siglo pasado y que el plebiscito con que se aprobó dicha Constitución fue el primer acto de soberanía popular mediante la aplicación del sufragio universal en nuestra historia republicana. Anteriormente, sólo se había utilizado el voto censitario. A estas alturas, sin embargo -en los albores del siglo XXI, a casi un siglo de distancia de tal acontecimiento y cercanos al Bicentenario de nuestra República- sospecho que don Arturo no tendría reparos y, más bien, sería un entusiasta partidario de su instauración inmediata.
Por otra parte, las tradiciones no tienen por qué inmovilizarnos ad aeternum e impedirnos la eliminación y reemplazo de instituciones de origen espurio e ilegítimo y que sólo generan división entre los chilenos, como ocurre con nuestra institucionalidad actual. Hay que tener en cuenta que nuestra tradición institucional presidencial, deriva, en gran medida, de nuestra condición de “patio trasero”. Como bien señaló don Andrés Bello, el régimen presidencial en Chile constituye una mala copia de los Estados Unidos.
Un muy buen ejemplo de la actitud que se ha de tener ante tradiciones negativas, está en la exitosa creación y puesta en funcionamiento de la reforma procesal penal, en la que se instituyó un procedimiento penal acusatorio que va contra 4 siglos de tradición inquisitiva, que no se condecía con las exigencias de un verdadero Estado de Derecho, el que tampoco se aviene con el presidencialismo extremo de la Constitución de 1980.
Agreguemos que el régimen parlamentario, cuando se ha planteado, ha recibido un apoyo transversal entre nuestras fuerzas políticas, por lo que su proposición como la forma de poner feliz término a una Transición eterna y sin destino conocido, resulta mucho más realista que concentrarnos, de tiempo en tiempo, en deshacernos del sistema minoritario binominal para adoptar un sistema electoral democrático. Tal apoyo se dio en los albores de la Transición durante el Gobierno de Patricio Aylwin, quien por sí y ante sí, “decretó” el término de aquella, acto voluntarista que se ha ido repitiendo gobierno tras gobierno, sin que nadie se lo crea, lo que llegó a su máxima expresión con la reforma constitucional de 2005, en la que el Presidente Lagos hizo suya –aunque no nuestra- la Constitución de 1980.
En cuanto a la invocación por algunos del título de Capitán General de la Época Colonial como antecedente de nuestra tradición autoritaria y presidencialista, habría que decir que el único de nuestros gobernantes que hizo uso de tal título, marcó una etapa histórica que no creo que actualmente provoque las nostalgias de nadie. Por la demás, la adopción del parlamentarismo no eliminaría la institución del Jefe de Estado radicada en el Presidente de la República, quien concitaría, por el contrario, mayores consensos y unidad en la ciudadanía que en su actual doble calidad de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, pasando a situarse, en cambio, por sobre el gobierno de turno, en manos de un Jefe de Gobierno o Primer Ministro y su Gabinete.
(1) Publicado originalmente en La Semana Jurídica, N° 320, semana 25 al 31 de diciembre de 2006.
"El Desalojo" y la falta de alternancia en el poder
A aquellos que se desesperan por la falta de alternancia en el poder y que, no obstante la trágica experiencia de nuestro 11 de septiembre con todas sus secuelas, se permiten llamar al "desalojo" de la coalición gobernante, habría que recordarles que es la institucionalidad por ellos diseñada la que consagra el inmovilismo.
Es nuestro sistema político ultra presidencialista consagrado en la Constitución de 1980, el que constituye una camisa de fuerza que no contempla salida alguna para el fracaso de un gobierno, como sí ocurre en las más perfectas democracias occidentales, de carácter parlamentario, en las que existen los muy civilizados mecanismos del voto de censura y el voto de confianza, merced a los cuales, se confirma la mayoría de la fuerza gobernante o bien ésta pasa a ser reemplazada por otra, sin que ello signifique ningún trauma, sino sólo la dinámica propia de un sistema de gobierno que refleja fielmente la voluntad ciudadana.
Si queremos una sana política de acuerdos, legítima y efectiva, démonos nosotros los ciudadanos, el poder constituyente originario, una nueva Constitución y optemos por el parlamentarismo, régimen político en el cual, lo que prima son los acuerdos para la formación de mayorías gobernantes, pero consumados por los legítimos representantes de la ciudadanía y no por élites políticas eternizadas en el poder gracias a una institucionalidad política ad hoc ideada bajo un régimen de facto y cuya llave maestra es el antidemocrático sistema binominal, sin que la ciudadanía con su voto pueda influir mayormente.
La derecha, tan insensible al sentimiento nacional como la coalición gobernante, no percibe que mientras sigamos en esta camisa de fuerza que representa la Constitución de 1980 para la genuina expresión democrática de chilenos y chilenas, seguirá siendo minoría, porque es la forma en que los ciudadanos expresamos nuestro rechazo a esta democracia de mentira, que no nos dimos nosotros soberanamente, sino que nos fue impuesta por una dictadura en una parodia de acto cívico, como fue el fraudulento plebiscito de 1980. En tanto que si tuvieran la audacia y el coraje de jugarse por el cambio de nuestro régimen político en una nueva Constitución Parlamentaria, originada en una Asamblea Constituyente que nos represente a todos, siendo un motivo de unidad nacional y no el factor de división actual, sin duda el panorama cambiaría y podrían empezar a pensar en ser gobierno.
Cuando defiendo y postulo la adopción del régimen parlamentario para nuestro país, me estoy refiriendo a lo que se entiende por tal en el Derecho y la ciencia política, que ciertamente no se corresponde con la experiencia posterior a la Revolución de 1891 en nuestro país, sino con aquellos actualmente experimentados con éxito en todos los continentes, si bien nacidos en Europa, sea en monarquías constitucionales (Reino Unido, España, Holanda, Suecia, Bélgica, etc.) o en repúblicas parlamentarias (Portugal, Alemania, Italia, Irlanda, etc.). En el Derecho, existe un aforismo que dice, "las cosas son lo que son y no lo que se dice que son", y la así llamada por nuestra historiografía República Parlamentaria, no era un régimen parlamentario con los mecanismos del voto de censura y el voto de confianza, así como la antigua República Democrática Alemana tampoco era una democracia.
Este régimen parlamentario debiera contemplar un Parlamento unicameral. Hay que destacar que la vigencia de la Constitución de 1980 ha conllevado el desprestigio permanente del Senado, primeramente, por la incorporación de los senadores designados, que significó una antidemocrática representación minoritaria para la coalición mayoritaria durante sus 3 primeros gobiernos. Y pese a su eliminación por la reforma constitucional de 2005, en la práctica, la institución de los senadores designados, ha sobrevivido, merced al antidemocrático sistema binominal, que asegura un cupo a cada coalición, lo cual, unido a la opción de presentarse sólo o "blindado" en la lista respectiva, asegura el asiento senatorial al margen de la voluntad ciudadana al “blindado” de turno, por la sola designación partidaria previa. Por otra parte, también resulta del todo incoherente que se creen nuevas regiones que carezcan de representación senatorial, como ha estado ocurriendo últimamente. Tampoco se justifica la preservación de un Senado que cumple prácticamente las mismas funciones de la Cámara, aunque con una más pobre representación que aquélla en virtud de lo recién señalado. Finalmente, la preservación de la Cámara Alta sólo se traduce en una absurda actitud de nuestros representantes, que conciben el paso de la Cámara al Senado como una suerte de ascenso, con algún halo aristocratizante bastante ridículo.
Es nuestro sistema político ultra presidencialista consagrado en la Constitución de 1980, el que constituye una camisa de fuerza que no contempla salida alguna para el fracaso de un gobierno, como sí ocurre en las más perfectas democracias occidentales, de carácter parlamentario, en las que existen los muy civilizados mecanismos del voto de censura y el voto de confianza, merced a los cuales, se confirma la mayoría de la fuerza gobernante o bien ésta pasa a ser reemplazada por otra, sin que ello signifique ningún trauma, sino sólo la dinámica propia de un sistema de gobierno que refleja fielmente la voluntad ciudadana.
Si queremos una sana política de acuerdos, legítima y efectiva, démonos nosotros los ciudadanos, el poder constituyente originario, una nueva Constitución y optemos por el parlamentarismo, régimen político en el cual, lo que prima son los acuerdos para la formación de mayorías gobernantes, pero consumados por los legítimos representantes de la ciudadanía y no por élites políticas eternizadas en el poder gracias a una institucionalidad política ad hoc ideada bajo un régimen de facto y cuya llave maestra es el antidemocrático sistema binominal, sin que la ciudadanía con su voto pueda influir mayormente.
La derecha, tan insensible al sentimiento nacional como la coalición gobernante, no percibe que mientras sigamos en esta camisa de fuerza que representa la Constitución de 1980 para la genuina expresión democrática de chilenos y chilenas, seguirá siendo minoría, porque es la forma en que los ciudadanos expresamos nuestro rechazo a esta democracia de mentira, que no nos dimos nosotros soberanamente, sino que nos fue impuesta por una dictadura en una parodia de acto cívico, como fue el fraudulento plebiscito de 1980. En tanto que si tuvieran la audacia y el coraje de jugarse por el cambio de nuestro régimen político en una nueva Constitución Parlamentaria, originada en una Asamblea Constituyente que nos represente a todos, siendo un motivo de unidad nacional y no el factor de división actual, sin duda el panorama cambiaría y podrían empezar a pensar en ser gobierno.
Cuando defiendo y postulo la adopción del régimen parlamentario para nuestro país, me estoy refiriendo a lo que se entiende por tal en el Derecho y la ciencia política, que ciertamente no se corresponde con la experiencia posterior a la Revolución de 1891 en nuestro país, sino con aquellos actualmente experimentados con éxito en todos los continentes, si bien nacidos en Europa, sea en monarquías constitucionales (Reino Unido, España, Holanda, Suecia, Bélgica, etc.) o en repúblicas parlamentarias (Portugal, Alemania, Italia, Irlanda, etc.). En el Derecho, existe un aforismo que dice, "las cosas son lo que son y no lo que se dice que son", y la así llamada por nuestra historiografía República Parlamentaria, no era un régimen parlamentario con los mecanismos del voto de censura y el voto de confianza, así como la antigua República Democrática Alemana tampoco era una democracia.
Este régimen parlamentario debiera contemplar un Parlamento unicameral. Hay que destacar que la vigencia de la Constitución de 1980 ha conllevado el desprestigio permanente del Senado, primeramente, por la incorporación de los senadores designados, que significó una antidemocrática representación minoritaria para la coalición mayoritaria durante sus 3 primeros gobiernos. Y pese a su eliminación por la reforma constitucional de 2005, en la práctica, la institución de los senadores designados, ha sobrevivido, merced al antidemocrático sistema binominal, que asegura un cupo a cada coalición, lo cual, unido a la opción de presentarse sólo o "blindado" en la lista respectiva, asegura el asiento senatorial al margen de la voluntad ciudadana al “blindado” de turno, por la sola designación partidaria previa. Por otra parte, también resulta del todo incoherente que se creen nuevas regiones que carezcan de representación senatorial, como ha estado ocurriendo últimamente. Tampoco se justifica la preservación de un Senado que cumple prácticamente las mismas funciones de la Cámara, aunque con una más pobre representación que aquélla en virtud de lo recién señalado. Finalmente, la preservación de la Cámara Alta sólo se traduce en una absurda actitud de nuestros representantes, que conciben el paso de la Cámara al Senado como una suerte de ascenso, con algún halo aristocratizante bastante ridículo.
sábado, 24 de noviembre de 2007
Enmendar el rumbo
Me parece que la actual clase política, que a nadie representa, debiera entender que para recuperar el respeto ciudadano, hay que volver la vista a lo que nos hizo grandes, aquello que nos permitió triunfar por sobre el poder omnímodo de la Dictadura en el plebiscito de 1988: el deseo sincero de democracia y la participación ciudadana en su consecución
Aquel triunfo representó una auténtica gesta popular, que se logró por el sistemático trabajo de los ciudadanos, quienes entendíamos que aquel 5 de octubre estaría llamado a marcar el inicio de un proceso de transición a la democracia, en el que el pueblo conservaría el mismo protagonismo que había dado tan buenos frutos.
Desgraciadamente, las dirigencias de los partidos concertacionistas prefirieron desvincularse de la ciudadanía y entrar en conversaciones con el Gobierno Militar, representado por su Ministro del Interior, para obtener una reforma consensuada de la Constitución de 1980.
A poco andar, se nos notificó que la Transición estaba concluida y que disfrutábamos de una democracia plena, acto voluntarista del Presidente Aylwin, que se ha ido repitiendo gobierno tras gobierno, sin que nadie se lo crea, lo que llegó a su máxima expresión con la reforma constitucional de 2005, en la que el Presidente Lagos hizo suya –aunque no nuestra- la Constitución de 1980.
La verdad es que todo lo que hemos vivido después no ha sido sino un gigantesco autoengaño de la clase política.
En efecto, aunque nuestros políticos esquiven el bulto y pretendan hacernos sentir orgullosos de nuestra estable y asentada democracia, el hecho cierto es que la población no siente como propia ni menos se enorgullece de esta democracia de mentira, en la que no tiene ninguna participación real; en que sufrimos por varios lustros una representación senatorial minoritaria para la coalición con el mayor respaldo de sufragios; en que, pese ha habérsele otorgado el triunfo en cuatro elecciones presidenciales sucesivas a tal coalición, aún no hemos conocido propiamente el Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, sino el Cogobierno de aquélla con la coalición de derecha, merced al poder de veto que el antidemocrático sistema binominal otorga a la minoría; en que la Concertación de Partidos por la democracia, no obstante haber contado con el respaldo ciudadano suficiente para ser más proactiva en la obtención de la democracia, ya en los inicios de la Transición prefirió alejarse de sus electores y hacer suya esta institucionalidad espuria, contra la que creíamos haber luchado.
Si la democracia se define como, "el gobierno de la mayoría con respeto de la minoría", ello no se corresponde para nada con el sistema político ideado por Jaime Guzmán e instituido por la Dictadura en la Constitución de 1980. El régimen ahi consagrado y cuya llave maestra es el antidemocrático sistema binominal, podría definirse como, "el cogobierno de la mayoría y la minoría con total desprecio por la ciudadanía". Ello, sin duda, no es democracia.
Aquel triunfo representó una auténtica gesta popular, que se logró por el sistemático trabajo de los ciudadanos, quienes entendíamos que aquel 5 de octubre estaría llamado a marcar el inicio de un proceso de transición a la democracia, en el que el pueblo conservaría el mismo protagonismo que había dado tan buenos frutos.
Desgraciadamente, las dirigencias de los partidos concertacionistas prefirieron desvincularse de la ciudadanía y entrar en conversaciones con el Gobierno Militar, representado por su Ministro del Interior, para obtener una reforma consensuada de la Constitución de 1980.
A poco andar, se nos notificó que la Transición estaba concluida y que disfrutábamos de una democracia plena, acto voluntarista del Presidente Aylwin, que se ha ido repitiendo gobierno tras gobierno, sin que nadie se lo crea, lo que llegó a su máxima expresión con la reforma constitucional de 2005, en la que el Presidente Lagos hizo suya –aunque no nuestra- la Constitución de 1980.
La verdad es que todo lo que hemos vivido después no ha sido sino un gigantesco autoengaño de la clase política.
En efecto, aunque nuestros políticos esquiven el bulto y pretendan hacernos sentir orgullosos de nuestra estable y asentada democracia, el hecho cierto es que la población no siente como propia ni menos se enorgullece de esta democracia de mentira, en la que no tiene ninguna participación real; en que sufrimos por varios lustros una representación senatorial minoritaria para la coalición con el mayor respaldo de sufragios; en que, pese ha habérsele otorgado el triunfo en cuatro elecciones presidenciales sucesivas a tal coalición, aún no hemos conocido propiamente el Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, sino el Cogobierno de aquélla con la coalición de derecha, merced al poder de veto que el antidemocrático sistema binominal otorga a la minoría; en que la Concertación de Partidos por la democracia, no obstante haber contado con el respaldo ciudadano suficiente para ser más proactiva en la obtención de la democracia, ya en los inicios de la Transición prefirió alejarse de sus electores y hacer suya esta institucionalidad espuria, contra la que creíamos haber luchado.
Si la democracia se define como, "el gobierno de la mayoría con respeto de la minoría", ello no se corresponde para nada con el sistema político ideado por Jaime Guzmán e instituido por la Dictadura en la Constitución de 1980. El régimen ahi consagrado y cuya llave maestra es el antidemocrático sistema binominal, podría definirse como, "el cogobierno de la mayoría y la minoría con total desprecio por la ciudadanía". Ello, sin duda, no es democracia.
Nuestra democracia de mentira
El sistema político ilegítimo y escandaloso que nos rige, es una burla constante a los ciudadanos, merced a la entrega de todo el poder a una élite, que se siente plenamente cómoda profitando de aquél y eternizándose en los cargos, sin correr el menor riesgo -gracias al antidemocrático sistema binominal- de que el voto ciudadano pueda poner término a este disfraz de democracia. Dicha autocomplaciente y extraviada clase política, ha llegado a justificar este régimen espurio como una "Democracia de los Acuerdos" o "política de consensos" -acuerdos y consensos totalmente ajenos al sentir ciudadano-, pero que, en virtud de lo que hemos conocido y sufrido, debiera denominárselo más certeramente como, Democracia de los Conciliábulos, lo que sólo puede avergonzarnos.
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